Autonomía personal y derecho al aborto : ¿es posible argumentar en favor de un rol estatal activo con relación al derecho al aborto a partir de una relectura del principio de autonomía personal desde una perspectiva de género?

Abstract

El presente trabajo tiene por objetivo analizar de qué modo contribuye la aplicación de las metodologías jurídicas feministas a la hora de definir los alcances del principio de autonomía (dando lugar a lo que se denomina “autonomía relacional”), así como también cómo ha sido receptado ese principio específicamente en la discusión sobre el aborto, tanto por la jurisprudencia y la doctrina, como por la legislación. A su vez, se intentará dilucidar si un principio de autonomía entendido desde aquella óptica otorga fuertes argumentos en favor de una intervención activa del Estado con relación a la interrupción voluntaria del embarazo. Las conclusiones extraídas podrán contribuir al debate sobre la despenalización y legalización del aborto, cuya conquista definitiva, a pesar de la sanción de la ley 27.610, está lejos de poder afirmarse a juzgar por las fuertes resistencias y obstáculos que opone y ha opuesto siempre un amplio sector de nuestra sociedad, sumado al retroceso en los derechos reproductivos que se ha verificado a nivel mundial en los últimos tiempos. Para ello se abordará el alcance del principio de autonomía personal en términos liberales y los casos en los cuales éste ha sido invocado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (II). Luego, se analizará el concepto de autonomía a la luz de las metodologías jurídicas feministas de interpretación y un posible ejemplo de su aplicación en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (III). A continuación, se observará de qué modo el principio ha sido receptado en la discusión sobre el aborto, tanto por la jurisprudencia nacional e internacional más relevante, como por la doctrina y la legislación de nuestro país (IV), para, finalmente, extraer conclusiones al respecto y adoptar una posición sobre el ámbito de protección que garantiza la autonomía relacional y el grado de intervención estatal que se deriva de ésta (V).