La responsabilidad de las personas jurídicas por hechos de corrupción

Abstract

En los últimos veinte años el tema de la lucha contra la corrupción cobró una importante presencia en la agenda política. A través de los estándares internacionales - estipulados por diversos organismos internacionales en sus tratados y convenios -, las sanciones impuestas por los bancos multilaterales y las legislaciones nacionales, el tópico de anticorrupción se ha transformado en un tema que no puede ser dejado de lado ni por los gobiernos locales, ni por las gerencias de ninguna empresa internacional. En este escenario, la responsabilidad de las personas jurídicas se presenta como uno de los principales mecanismos elegidos por la comunidad internacional para combatir la corrupción. Esta puede implementarse a través de diferentes modelos y - según el modo en que se lo haga - puede generar incentivos en el sector privado que llevan a que las empresas se conduzcan conforme a las exigencias legales y ayuden a prevenir los actos corruptos. Si bien los tratados internacionales no tienen requerimientos puntuales sobre el modo de implementación; sí exigen a los Estados parte que de alguna manera logren sancionar eficaz, proporcional y disuasoriamente a las compañías que se involucren en esta clase de prácticas. Dentro de este nuevo escenario, la Argentina ocupa un lugar particular. Si bien ha ratificado los tratados anticorrupción, aún está en deuda con las disposiciones de los mismos, dado que carece de una regulación específica sobre la responsabilidad de las personas jurídicas. Por ello, luego de haber entendido las exigencias del estándar internacional en la materia y los diversos modelos de responsabilidad existentes, este trabajo se propone analizar cuáles son las medidas que deberían tomarse a nivel local para cumplir con las obligaciones internacionales y combatir el fenómeno en cuestión.