La actividad empresarial del Estado y su situación jurídica frente a la expropiación 51% del patrimonio de YPF S. A.

Abstract

El presente trabajo se propone analizar el escenario jurídico en el que se relacionan la actividad empresarial del Estado argentino, la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia y principalmente la situación jurídica en la que se encuentra el “Estado empresario” en el marco del caso de YPF S. A., empresa de energía dedicada a la exploración, explotación, destilación, distribución y producción de energía eléctrica, gas, petróleo y derivados de los hidrocarburos y venta de combustibles, lubricantes, fertilizantes, plásticos y otros productos relacionados con la industria. En el año 2012 Argentina expropió el 51% de las acciones de la compañía, tomando el control de la empresa más importante en hidrocarburos en América Latina. Para tal fin llevó a cabo una serie de dudosos actos que podrían ubicar al Estado empresario en una posición anticompetitiva en el mercado. Tras la expropiación el Estado adquirió un rol dual al ser, por un lado, un empresario regulado y, por el otro, un Estado regulador, dado que no solo regula la Ley de Defensa de la Competencia, sino que también posee semejante atribución sobre la política hidrocarburífica en el país. Por lo que para determinar si tales situaciones son consideradas anticompetitivas se analizarán los marcos normativos y teóricos relativos a la actividad empresarial del Estado y las que a la Defensa de la Competencia respectan. Así mismo se abordará desde un análisis crítico el conflicto normativo en el que se desenvuelve YPF S. A. en cuanto a que no satisface como sociedad anónima bajo injerencia estatal, los estándares de control y de información que se requieren para una gestión transparente. Para ello se contrastará el manejo de la actividad empresarial argentina con el del país vecino Chile, y se analizará el fallo Giustiniani de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el que es parte la empresa mencionada, en el que se debate el alcance del derecho al Acceso a la Información Pública.