Acceso a la información : fallas en el diseño, consecuencias en la implementación
Date
2022-05
Authors
Martinez, Mariana Andrea
relationships.isContributorOfPublication
Vásquez, María Guadalupe
Journal Title
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Volume Title
Publisher
Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales
Abstract
La ley 27275 protege el derecho de la ciudadanía de solicitar cierto tipo de información
que se encuentra en manos del Estado. La normativa estipula que para los tres poderes
(Ejecutivo, Legislativo y Judicial), para el Ministerio Público Fiscal, para el Ministerio
Público de la Defensa y para el Consejo de la Magistratura existe un organismo llamado
Agencia de Acceso a la Información que tiene varios objetivos como la aplicación de la
normativa, la comunicación y asistencia a la ciudadanía no sólo para completar el
formulario para enviar una solicitud sino también para avanzar a nivel judicial cuando
los sujetos obligados no responden o la respuesta es parcial o inexacta.
Este documento inició con la hipótesis de que la Agencia de Acceso a la Información
Pública del Poder Ejecutivo no cuenta con la suficiente independencia para poder
garantizar el derecho. Esta conclusión se debe a tres puntos fundamentales: la falta de
autonomía económica, la forma de designación y remoción del director y el sistema de
sanciones.
Tras una investigación bibliográfica y de campo, llegué a la conclusión de que la
conjetura inicial era incorrecta ya que por diferentes motivos, que detallaré más
adelante, el organismo no se encontraba influenciado por terceros que quisieran sacar
algún provecho de los grises de la ley.
Description
Fil: Martinez, Mariana Andrea. Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales; Argentina.