Acceso a la información : fallas en el diseño, consecuencias en la implementación

Abstract

La ley 27275 protege el derecho de la ciudadanía de solicitar cierto tipo de información que se encuentra en manos del Estado. La normativa estipula que para los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), para el Ministerio Público Fiscal, para el Ministerio Público de la Defensa y para el Consejo de la Magistratura existe un organismo llamado Agencia de Acceso a la Información que tiene varios objetivos como la aplicación de la normativa, la comunicación y asistencia a la ciudadanía no sólo para completar el formulario para enviar una solicitud sino también para avanzar a nivel judicial cuando los sujetos obligados no responden o la respuesta es parcial o inexacta. Este documento inició con la hipótesis de que la Agencia de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo no cuenta con la suficiente independencia para poder garantizar el derecho. Esta conclusión se debe a tres puntos fundamentales: la falta de autonomía económica, la forma de designación y remoción del director y el sistema de sanciones. Tras una investigación bibliográfica y de campo, llegué a la conclusión de que la conjetura inicial era incorrecta ya que por diferentes motivos, que detallaré más adelante, el organismo no se encontraba influenciado por terceros que quisieran sacar algún provecho de los grises de la ley.